Como seguramente sabréis, el Ayuntamiento de Alicante ha llegado a un acuerdo con IKEA para que la multinacional abra un centro en la ciudad. El proyecto, según explica INFORMACIÓN, consistiría en ubicar la tienda de IKEA en un nuevo centro comercial que estaría situado dentro del Plan Rabassa.
La respuesta de los comerciantes del centrode Alicante ha sido rotunda: si la apertura de una tienda IKEA en Alicante significa la construcción de un nuevo centro comercial, el pequeño comercio hará todo lo posible para evitarla.
Se da la circunstancia de que sólo un día antes, el presidente del Colectivo de Comerciantes por Alicante, había celebrado la apertura de la tienda IKEA.
Por su parte, el Ayuntamiento ha bautizado el nuevo centro comercial con el eufemísitco nombre de centro cívico y planea la modificación del Plan General de Ordenación Urbana -el antiguo, no la eterna promesa en la que se ha convertido el nuevo PGOU- para dar cabida a este nuevo centro comercial en el Plan Rabassa. Mi impresión, antes de nada, es que el Ayuntamiento no sabe ya cómo marear la perdiz con el tema Rabassa. Primero fue la ciudad ecológica que Sonia Castedo se sacó de la manga. Ahora es IKEA lo que laalcaldesa pretende usar como señuelo para intentar despistar a los alicantinos.
En cualquier caso, yo voy a partir de algo que tengo bastante claro, Rabassa es la resaca de la borrachera constructora, alimentada básicamente por los empresarios del sector con el apoyo del PP, que Alicante sufrió durante los últimos años, y del enorme despiste del PSPV alicantino. Sólo los socialistas conocen la razón por la cual votaron sí al plan, aunque todos podemos adivinar algunas.
Partiendo de esa base, el Plan Rabassa es una especie de anacronismo que, a estas alturas, deberíamos haber superado aunque algunas propuestas de los empresarios alicantinos nos hagan pensar lo contrario.
El empecinamiento del Ayuntamiento de Alicante en sostener un sector, el inmobiliario, que ocupa a una mayoría de los trabajadores de la provincia y que es la piedra angular sobre la que se sostiene el modelo económico alicantino es, al menos, razonable, pero equivocado.
Alicante no necesita más grandes superficies comerciales y tampoco necesita paños calientes en forma de centros cívicos; la ciudad necesita recuperar el centro urbano, apoyar a los pequeños comerciantes con planes de modernización del sector, dinamizar la oferta comercial y de ocio del casco antigua de la ciudad, y planes serios que conduzcan a diversificar la actividad económica de la que depende.
El Ayuntamiento de Alicante debería reflexionar a este respecto. La recuperación arquitectónica y urbana del centro de la ciudad supone una oportunidad de actividad económica para el gremio de la construcción que, en el medio y largo plazo, abriría nuevas vías económicas en el sector servicios de la ciudad y dignificaría nuestra oferta turística. No cabe, pues, la cerrazón y los grandes proyectos urbanísticos mientras el gran proyecto urbano, la recuperación del centro tradicional, sigue pendiente.
No parece lo más adecuado, desde el punto de vista del pudor en la cosa pública, llevar a cabo la modificación del PGOU de 1984 para aprobar un proyecto urbanístico que, como mínimo, despierta las dudas, los recelos y la oposición de una parte nada desdeñable de la ciudadanía. No nos olvidemos, que en número de votos, los partidos de izquierda fueron los más votados en las últimas elecciones municipales y que la distancia en número de concejales del PP y el PSPV es de 1.
Por su parte, el PSPV debería contar con esto último para revisar, de manera definitiva, su posición sobre el Plan Rabassa y, por otra parte, debería ser capaz de iniciar un debate público sobre el modelo de ciudad que los socialistas imaginan para Alicante. Esto ayudaría a conocer las propuestas del PSPV para la ciudad y a romper con el enorme error que la agrupación alicantina cometió con su apoyo a Rabassa.
De fondo queda la conveniencia o no de que una multinacional del mueble se instale en una provincia de larga tradición en el sector. Mi duda es si es positivo para el sector o no. Por una parte, supone un reto para los fabricantes alicantinos; por otra, puede significar la sentencia de muerte para toda una industria.
La sensación que yo tengo es que ni el Ayuntamiento de Alicante ni el partido de la oposición han hecho ninguna de estas reflexiones. O bien que, si las han hecho, han pasado por encima de ellas por razones de conveniencia y de urgencia política.
El hecho de que las últimas medidas tomadas por lalcaldesa se hayan tramitado por la vía urgente y en el mes de julio le hacen a uno sospechar de que la reflexión y la responsabilidad no forman parte, tampoco, de la manera de hacer de los políticos alicantinos.
Yo, para que se me quite el mal sabor de boca, voy a volver a leer la entrevista de Alicante Vivo al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alicante o la preciosa entrevista póstuma a Figueras Pacheco.
